El Parlamento Europeo ha aprobado hoy la directiva del retorno de los inmigrantes. Poco han podido hacer los socialistas, y la directiva asume iniciativas como el período máximo de retención, la posibilidad de repatriar a los menores que están sin familia, etc. Como sabemos, las directivas europea tienen rango de ley, por encima de las nacionales, y deben ser implantadas en los países de la Unión Europea en un plazo de dos años.

La inmigración no es un problema en sí. Pero la inmigración ilegal sí que lo es. Tiene efectos claros en áreas como el aumento de la delincuencia, la existencia de un mercado negro de trabajadores, etc. Soy partidario de la inmigración, pero siempre que esto suponga la existencia de un contrato de trabajo, y la viabilidad a medio plazo de aquellos que vienen a trabajar. Por eso digo que la inmigración es para eso, para cubrir los puestos de trabajo que están vacantes debido a la demanda existente y al crecimiento económico. Pero, igual que hay una venida, debe haber un retorno. Un retorno cuando la situación económica cambia, y los puestos de trabajo desaparecen. ¿Qué ocurrió en Alemania en los años 60? Pues lo mismo.

El problema que sucede es que las sociedades occidentales ofrecen unos niveles de cobertura muy elevados a los que hay en los países de origen. Esto supone que, en caso de desempleo, los inmigrantes se queden aquí por que existen mecanismos públicos que les favorecen continuar en el país de destino. Esto es impepinable. Y hay ejemplos de ello. Este es un problema. No por la continuación de estas personas en el país destino en sí; también por que esto supone una amenaza al sistema de cobertura social (pensiones, seguridad social, desempleo) del país de destino. Y esto nadie lo niega.

Hay estudios que dicen que los inmigrantes permanecen de media en el lugar de acogida unos 15 años. Con estas previsiones, y con otras premisas las políticas en los países desarrollados se han basado (por lo general) en un control de la inmigración, y en un aumento del nivel de vida de la población, para asegurar el sistema de cobertura social en un futuro. Este es el problema. La inmigración discriminada pone en peligro el sistema de cobertura social (pensiones, etc.), ya que además de cubrir a los autóctonos debe contemplar a aquellos que hayan trabajado en España por un periodo de tiempo, aunque sea corto. Se destinan fondos a cubrir el corto plazo cuando se debe prever también el largo plazo.

La conclusión, por tanto, es clara. El control de la inmigración es clave para garantizar el futuro de las cuentas de un país.

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